Estado de la vivienda en DF: ¿planificación? y estatura bajas
Leyes federal y local en la materia no han cambiado en décadas; la verticalidad es la alternativa planteada
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo.- Carencia en los servicios urbanos, poca oferta de inmuebles nuevos y precios altos, así como la expulsión de habitantes a municipios conurbados son consecuencia de una mala política pública y de construcciones que responden a criterios personales.
La ¿Academia de Ingeniería? considera que ¿el modelo? actual de crecimiento es erróneo pues consiste en primero edificar y después acondicionar las colonias.
A ello se suma que desde hace 38 años la Ley General de Asentamientos Urbanos no ha tenido cambios, por lo que una reforma permitirá que existan lineamientos básicos para tener mejores ciudades, considera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, encargada de la regulación de la vivienda en la ciudad, tanto en su construcción, como condiciones de mantenimiento y funcionamiento, reconoce que desde 2003 el Programa General de Desarrollo Urbano tampoco ha sido actualizado.
A la mala planeación, el Distrito Federal padece normas que de origen pretendían hacer equitativa la ciudad, como la Norma 26, pero que terminaron siendo utilizadas por constructores corruptos para edificar viviendas caras.
Una alternativa es la verticalidad tanto en edificios nuevos con alturas de más de 15 pisos, como con inmuebles de uno o dos niveles donde se podrían autorizar hasta cuatro, (Barcelona o Paris, son compactas y con buena densidad con edificios de altura media)
Edifican sin planear, poco y a precios altos
Urbanistas, consultores, legisladores y funcionarios coinciden en que las políticas de desarrollo urbano deben apostar por edificios de más niveles para ahorrar espacio, abaratar costos y densificar la ciudad.
La mala planeación en el desarrollo de vivienda en la Ciudad de México durante las últimas décadas ha generado una crisis que se refleja en la falta de servicios urbanos eficientes, poca oferta y precios altos en inmuebles nuevos, así como la continua expulsión de capitalinos hacia municipios conurbados.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), encargada de la regulación de la vivienda en la ciudad, tanto en su construcción, como condiciones de mantenimiento y funcionamiento, reconoce que desde 2003 el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), no ha sido actualizado.
Además, los 16 programas delegacionales y más de 43 planes parciales que operan “no guardan, ni promueven el tipo de ciudad que ¿queremos? (¿quienes?), y sí establecen ¿¿¿¿lineamientos importantes de discrecionalidad en el territorio???”, afirmó (el corrupto) Simón Neumann, ex titular de la dependencia.
Para Luis Javier Castro, presidente de la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbanística de la Academia de Ingeniería, el modelo actual de crecimiento es erróneo, pues consiste en primero edificar y después acondicionar las colonias para tener la infraestructura y servicios necesarios, pero debe ser al revés, ya de no corregirse en diez o 15 años la calidad de vida puede empeorar.
“Va a llegar el momento en que la infraestructura no será suficiente en agua, drenaje de aguas negras y transporte público, que es muy ineficiente, y estamos condenando a la ciudad a una calidad de vida mucho peor”, indicó.
(Por eso no se deben modificar las reglas de desarrollo inmobiliario hasta tener la infraestructura que requerirá)
Según el Censo de Población y Vivienda 2011 del INEGI, existen dos millones 455 mil viviendas distribuidas en las 16 delegaciones políticas, aunque con una concentración significativa en Iztapalapa (18 por ciento) y Gustavo A. Madero (13 por ciento), con un promedio de habitantes de 3.6 personas.
Las extensiones van desde departamentos de 25 metros cuadrados a casas con terrenos de más de 350 metros cuadrados en donde son comunes las construcciones familiares bajo criterios personales y no arquitectónicos o de ingeniería, que propician una densificación descontrolada (en que quedamos, ¿falta o sobra densidad?). (estas tambien son bajo criterios personales, pero de personas ajenas)
La Seduvi estima necesarias al menos 45 mil viviendas, ya sean usadas, recién remodeladas o nuevas al año, pero la oferta es de 20 mil, lo que ha propiciado, además de un rezago, la expulsión de alrededor de 70 mil personas de todos los estratos sociales hacia la periferia, aunque sus empleos o escuelas continúen en la capital.
La diputada Miriam Saldaña, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa (ALDF), comentó que cerca de 50 por ciento de la gente que necesita casa se concentra en los niveles socioeconómicos popular y bajo, que son quienes ganan menos de ocho salarios mínimos mensuales.
Para ellos, que no tienen seguridad social y, por tanto, acceso a créditos del Infonavit o Fovisste, las opciones para adquirir una casa o departamento se limitan al Instituto de la Vivienda capitalino (Invi), donde padecen la burocracia, clientelismo y trámites engorrosos, o también a instituciones privadas de financiamiento que, ante las mensualidades que solicitan, se vuelven poco accesibles.
Esbozan historia
En Apuntes de una política integral y sustentable de vivienda en la Ciudad de México, coordinado por Ignacio Cabrera, exfuncionario del Invi, se analizan las condiciones en las que surgieron grupos populares que exigían ser incluidos en la planificación urbana.
Vale la pena detenerse en la distinción que hacen los estudiosos, entre ellos Pedro Moctezuma y Juan Manuel Ramírez Sáiz, al precisar que –con excepción de las demandas del movimiento inquilinario- hasta los años 70 las reivindicaciones ligadas a lo urbano eran por imagen urbana u oposición a trazos de vialidades, y los actores sociales centrales eran parte de la clase media. Ramírez Sáiz apunta: “Desde el punto de vista político, la hegemonía en la conducción de las reivindicaciones urbanas era, indudable, del PRI”.
- En la última parte de la década de los 70, el gobierno federal instrumenta “nuevas reglas del juego” con la idea de, por un lado, controlar la acelerada expansión urbana y, por el otro, buscar una nueva legitimidad a partir de institucionalizar la planeación, a través de la Ley General de Asentamientos y la Ley del Desarrollo Urbano del DF.
- En esos años la inversión pública se centra en desarrollar las condiciones de infraestructura y equipamiento que el proceso de industrialización demandaba, excluyendo a los asentamientos populares de los beneficios de esa inversión, evidenciando su condición irregular y profundizando las condiciones de precariedad de sus habitantes.
- Como señala Juan Manuel Ramírez Sáiz, las reivindicaciones por acceder a suelo urbano fueron las que permitieron darle organicidad a los incipientes movimientos de colonos en la ciudad, los que en breve darían un paso adelante en sus reivindicaciones, incorporando el derecho a la vivienda y los servicios.
- Éste periodo de aprendizaje va cambiando la conformación del movimiento autónomo y popular, al que se empiezan a acercar, y posteriormente a vincular, organizaciones civiles, grupos de apoyo y centros universitarios que jugaron un papel determinante en el repunte y nuevo curso del mismo.
- A principios de los 80, el MUP se consolidará en la escena de la conflictiva urbana nacional, especialmente a partir de la creación de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), producto e instrumento de esa consolidación.
- El gobierno federal reacciona y se rearticula frente a esa nueva interlocución autónoma y popular. En 1981 crea un nuevo actor institucional: el Fondo Nacional para las Habitaciones Populares (Fonhapo), organismo que auspició el desarrollo de la promoción social de programas habitacionales autogestionarios, política en la que jóvenes organizaciones civiles, grupos de apoyo que simpatizaban con esas demandas y centros universitarios jugaron un papel determinante.
- A partir de entonces, varias organizaciones consideraron que este proyecto de hábitat autogestionario se podía lograr aprovechando los recursos de Fonhapo.
- No otorgaba créditos individuales sino colectivos, tanto a cooperativas como a asociaciones civiles, bajo un sistema que permitía la participación de los solicitantes en el proceso de gestión del crédito y en el control de las distintas etapas del programa de vivienda, es decir, permitía una real autogestión, objetivo prioritario de las organizaciones que encabezaban al movimiento.
- La relación con este organismo permitió un entrenamiento y capacitó a muchos líderes de las organizaciones sociales y de colonos, quienes acumularon conocimientos técnicos y de gestión que más adelante afianzó al Movimiento Urbano Popular, el que iniciaría a constituir organizaciones legales, a definir mecanismos de alianzas con otros movimientos, y a fortalecer su capacidad de movilización.
